Respecto a la iniciativa de reforma eléctrica, enviada a principios de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, con la que busca “recuperar la rectoría del Estado” en el sector eléctrico, se puede decir que es una prueba de fuego para Partido Revolucionario Institucional, pero en realidad lo es también para los demás partidos de oposición y para el desarrollo de la vida democrática del país.
Para concretarse esa reforma constitucional será necesario el voto de al menos 57 diputados de oposición, ya que, asumiendo que todo el bloque de la autodenominada “cuarta transformación” vote a favor, tendrían 277 votos (Morena tiene 201 diputados que, junto con los 33 del Partido del Trabajo (PT) y los 43 del Verde Ecologista (PVEM) suman 277 votos.), y aún le faltarían 57 para alcanzar la mayoría calificada que es de 334, es decir, dos terceras partes de los 500 diputados.
En ese escenario, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, fijo así su postura: “Nosotros no vamos y no se va a aprobar la reforma energética regresiva de López Obrador, pero sí estamos porque se construya una totalmente nueva que busque potencializar energías nuevas, limpias, renovables y más baratas”.
“La reforma que presentó el Presidente, la reforma morenista, no va a pasar porque es destructiva, porque es regresiva y porque afecta el bolsillo de los mexicanos, ¿qué sí podemos construir? Una reforma que proyecte lo que actualmente tenemos, que modernice el sector energético, que dé certidumbre a la inversión y a la generación de empleos, que genere más oferta de energía y naturalmente disminuya el costo de la misma. Eso es lo que quisiéramos, apertura, competencia, eficacia, tecnologías limpias, energías renovables”.
Mientras que el presidente del Partido Revolucionario (PRI), Alejandro Moreno ha señalado al respecto lo siguiente: “En la discusión de las reformas constitucionales que el gobierno federal está planteando para el sector eléctrico, lo toral es preguntarse cuál es el objetivo que se persigue”.
“Debe de cuidarse el bienestar económico, social y ambiental de todos los mexicanos”.
“Para determinar si los cambios propuestos por el gobierno federal nos darán mayor bienestar, es necesario analizar de manera pública qué se pretende”.
“Se requiere un diálogo abierto con el gobierno, pero también con especialistas, cámaras empresariales y, en general, con toda la iniciativa privada. Nadie debe de estar excluido de un debate tan relevante para México”.
“El PRI es muy enfático en buscar este diálogo basado en la evidencia técnica. Para ello, habrá que analizar el texto propuesto y el marco regulatorio, así como la realidad del sistema eléctrico nacional a siete años de la adopción de un enfoque pro-competencia en la generación de electricidad”.
“Sin duda, cualquier opción va a requerir de la rectoría del Estado y eso debe de ser. Pero nos falta a los legisladores más información que sencillas presentaciones en donde se quiere mostrar todo en una dualidad de buenos y malos”.
Esa es la postura de los dirigentes de los principales partidos políticos de oposición, para ellos la prueba de fuego será cumplir con el mandato de sus electores, su militancia, y no romper sus alianzas electorales, sin descuidar lo principal, el futuro de México.
Para el Congreso de la Unión, será también una prueba de fuego. Su reto será alcanzar un protagonismo serio en la vida política del país, con el fin recuperar la posición institucional que le corresponde y, al mismo tiempo, lograr un acercamiento con la sociedad.
Con un Congreso que tenga a su disposición información copiosa, pertinente y oportuna, el sistema democrático desarrolla sus mejores cualidades, permite identificar discrepancias y, sobretodo, alcanzar consensos por el bien de La República.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.