El arquitecto e intelectual yucateco, Manuel Amábilis, en su libro "Mística de la Revolución Mexicana", señala: “La vida exige del individuo un esfuerzo propio y egoísta para adquirir los elementos constitutivos de su integridad armónica; pero este esfuerzo, está limitado por el medio”.
Y en ese medio que lo limita hoy vemos a la exclusión social. Este fenómeno que tiene un vínculo directo con el acceso precario o nulo a los derechos y condiciones que conforman la ciudadanía plena. Es decir, la última etapa del proceso de desincorporación social y económica.
La exclusión no deviene de una sola causa, más bien es un problema multidimensional, tanto en lo que se debe a sus causas: desempleo, discapacidad, bajos ingresos, drogadicción, enfermedad, desintegración familiar, etcétera, así como a las políticas públicas a establecer para su superación. Por tal motivo, partir de un buen diagnóstico es básico en el planteamiento de la solución del problema.
El INEGI informó en agosto de 2025 que en México viven en pobreza multidimensional 38.5 millones de personas y 7 millones están en pobreza extrema. Si bien, estas cifras reflejan una disminución del 17.74% y del 23.08% respectivamente al compararlas con las de un periodo anterior (2022), significan una gran tarea para el Estado mexicano y su gobierno.
Dentro de los elementos que se consideran en esta medición se encuentran el nivel de ingreso; el rezago educativo; el acceso a servicios de salud; acceso a seguridad social; acceso alimentación; calidad y espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos en la vivienda.
El Estado debe actuar en consecuencia, para ello, entre otras cosas, cuenta con la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, que es un instrumento esencial para el desarrollo de la vida democrática y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad.
Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución.
Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.
Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los mayores, y enfocados a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias.
Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta.
Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.
Además, hoy más que nunca, es urgente que en nuestra sociedad germine el fruto de la solidaridad nacional que nos aproxime los unos a los otros.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
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