Mi maestro Daniel Acosta decía que la administración pública se define fundamentalmente por su carácter práctico; esto es, el conocer es hacer, o expresado en otros términos: el axioma del administrador público se sintetiza en la ecuación objetivo = resultados, lo que implica:

1) la vinculación inseparable del conocimiento científico y posición política.

2) La necesidad de que lo científico fundamente lo político.

3) El proyecto político de democratizar la administración pública a la par democratizar el sistema político, de tal forma que la democracia política se convierta en un medio para lograr la igualdad o democracia económica.

 

Este proyecto político de la administración pública es imposible si no se fundamenta en el conocimiento científico de la realidad social, a través de una crítica sistemática de la racionalidad política, de tal forma que el administrador no degenere en el desempeño de simple “mandarín” de las clases dominantes, sino que, por el contrario, se convierta en un agente activo que, con el quehacer de su oficio, abra los espacios políticos a la democratización de los procesos públicos. 

La crítica de la racionalidad política a la que hizo referencia implica la aplicación de una investigación en las fases siguientes:

1.- Crítica a los objetivos.

Esta se da respecto al contenido de los objetivos y los valores e intereses que lo sustentan, así como en la viabilidad histórica de los objetivos propuestos, a partir del conocimiento científico de las condiciones históricas en que se plantean y en las que se proponen materializarse.

2.- Crítica del costo técnico-económico.

Esto es, la captación científica de las situaciones vinculadas con el logro del objetivo en función de la selección del conjunto de medios desplegados en su consecución, lo que da como resultado una crítica de la adecuación de los medios a los fines en un sentido técnico-económico.

3.- Crítica del costo político social.

Este se vincula con las consecuencias y resultados colaterales de la aplicación de cierto tipo de medios respecto a su impacto político social.

4.- Crítica del costo ideológico.

Las consecuencias de seleccionar un objetivo en contraposición a otros implica ponderar los valores e intereses que lo sustentan prioritaria y preferentemente respecto a los que se rechazan, lo que implica que las consecuencias de esta selección contienen el costo ideológico de la acción del Estado y de la administración pública.

5.- Crítica a la coherencia interna.

Puede visualizarse en dos momentos: la crítica a la relación medios-fines, en tanto en cuanto que los primeros no son neutrales técnicamente, sino que, por el contrario, su contenido político queda definido por los fines a los que se orientan; por lo que, este primer grado de coherencia presupone una prefiguración de los fines en los medios. La segunda crítica se relaciona con la coherencia entre los valores e ideales y afirma el Estado como sustento, los objetivos que se propone y los resultados reales que obtiene como gobierno y administración pública.

Es precisamente en este proceso de crítica a la racionalidad política donde el administrador público debe abrir los espacios políticos a la participación democrática, de tal modo que ésta se convierta en un medio para lograr la igualdad o la democracia económica.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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