Ana Isabel Gaytan García
Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
En la economía griega en tiempo de Platón y Aristóteles la atención estaba centrada en tener una “buena vida” con un marco regulatorio e instituciones. La producción era en los hogares prácticamente autárquicos: entonces se acuña el término de “economía” del griego Oikos, “casa” y “nomos” ley o administración.
Cuando una familia decide comprar una casa, un emprendedor abre un negocio o una empresa invierte millones de pesos en una nueva planta, todos toman decisiones basándose en una misma expectativa: que las leyes se respetarán mañana igual que hoy o que incluso mejorarán.
Por esa razón, economía y derecho son disciplinas inseparables. La economía necesita reglas claras, tribunales confiables, contratos que se cumplan y certeza jurídica. Sin estos elementos, la inversión disminuye, el crecimiento económico se vuelve más lento y las oportunidades de empleo se reducen.
Después de una elección, por ejemplo, el verdadero reto no consiste únicamente en conocer quién ganó, sino en fortalecer la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones. Los países que han logrado desarrollarse de manera sostenida no solo cuentan con recursos naturales o talento humano; también poseen instituciones sólidas capaces de garantizar estabilidad y certidumbre.
Para México, el desafío es claro: construir un entorno donde las diferencias políticas puedan resolverse dentro del marco legal y donde las reglas del juego sean claras para todos. La confianza es un activo económico tan valioso como cualquier infraestructura, porque cuando existe confianza, las personas invierten, consumen, emprenden y generan prosperidad.
Esta relación entre instituciones y crecimiento económico puede observarse en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (FDI Confidence Index) elaborado por Kearney. El índice mide las expectativas de ejecutivos globales respecto a los países donde consideran más atractivo invertir en los próximos años. Los primeros lugares son ocupados por economías como Estados Unidos, Canadá, Japón, China y Alemania, naciones que, más allá de sus diferencias económicas, comparten un elemento fundamental: instituciones relativamente sólidas, estabilidad jurídica y reglas predecibles para la actividad económica.
Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 (Kearney). Los países mejor posicionados comparten altos niveles de estabilidad institucional, certeza jurídica y confianza para los inversionistas. (https://www.kearney.com/service/global-business-policy-council/foreign-direct-investment-confidence-index)
Por eso las reformas estructurales en México son de suma importancia, están destinadas a transformar el marco institucional y económico del país. Un ejemplo histórico es la Ley Agraria derivada del artículo 27 constitucional. Más allá de la discusión política que ha acompañado sus distintas etapas, esta legislación transformó la estructura de la propiedad de la tierra en México y modificó los incentivos económicos de millones de personas.
La experiencia internacional demuestra que cuando los derechos de propiedad son claros y existe certeza jurídica sobre ellos, aumentan la inversión, la productividad y el crecimiento económico. Si una persona no sabe si conservará su tierra, ¿invertirá en sistemas de riego, maquinaria o mejoras? Probablemente no. En cambio, cuando existen reglas claras sobre la propiedad, las personas tienen incentivos para invertir y producir más.
Otro gran ejemplo es el de la Ley Federal de Competencia Económica: Vital para regular el mercado, evitar monopolios y fomentar la variedad de productos a mejores precios para los consumidores ya que sin competencia pocas empresas dominan el mercado, pero con competencia, bajan precios, mejoran la calidad y aumentan la innovación.
La riqueza no surge únicamente del trabajo o del capital; también depende de las reglas que determinan cómo interactúan las personas. Una buena ley no produce riqueza por sí misma, pero puede crear las condiciones para que toda una sociedad la produzca.
Por ello el estudio de la economía y el derecho no debería limitarse a especialistas, jueces, legisladores o empresarios. Ambos forman parte de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, pues influyen en las oportunidades de empleo, el acceso a bienes y servicios, la protección de la propiedad, la inversión y, en última instancia, en nuestra calidad de vida. Una sociedad informada comprende mejor las decisiones públicas, participa de manera más responsable en los procesos democráticos y exige instituciones más sólidas. Platón y Aristóteles entendían que la finalidad de la organización social era alcanzar una buena vida; más de dos mil años después, economía y derecho continúan siendo dos de los pilares fundamentales para lograrla.